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El acceso y la protección del empleo son factores fundamentales en la recuperación y la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género. La violencia de género no solo afecta a la vida personal y a la salud de las mujeres, sino que también tiene un fuerte impacto en su situación laboral. Contar con un empleo puede convertirse en una herramienta decisiva para las víctimas, ya que proporciona independencia económica, estabilidad personal y mayor autonomía social.
Sin embargo, la violencia de género supone una serie de consecuencias que dificultan el acceso y el mantenimiento del empleo para las mujeres víctimas. Es por ello necesario incluir medidas específicas en este ámbito para proteger estas situaciones.
Datos de la macroencuesta de violencia contra las mujeres 2024
El pasado 4 de diciembre se publicó la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 2024. La misma pone de manifiesto que el 30,3 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia —física, sexual, económica o psicológica— por parte de su pareja o expareja. El 17,2 % de las mujeres con pareja actual reconoce haberla padecido, cifra que asciende al 40,4 % en el caso de parejas pasadas.
Las consecuencias son graves:
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El 73,5 % de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional presenta secuelas psicológicas.
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El 48,4 % ha sufrido lesiones físicas.
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El 43,1 % continúa teniendo secuelas físicas o psicológicas en la actualidad.
En relación con la violencia económica, el estudio revela que las mujeres desempleadas son las más afectadas, con una prevalencia del 19,5 %, mientras que las estudiantes son las menos expuestas (4,8 %).
Más dificultades para acceder al mercado laboral
Las mujeres víctimas de violencia de género se enfrentaran a prejuicios y discriminaciones que dificultan su contratación. En este contexto, la implantación de las empresas y de las administraciones públicas resulta esencial para facilitar su inserción laboral.
La Ley Orgánica 1/2024, de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla medidas destinadas a garantizar el acceso y el mantenimiento del empleo, aunque diversos expertos señalan que las políticas pueden ser revisadas y mejoradas para aumentar su eficiencia.
Para las víctimas de violencia de género, el absentismo laboral es una de las consecuencias de la violencia. Algunas de las secuelas que aparecen afectan a la salud de las mujeres, como ansiedad, depresión o secuelas físicas pueden apartar a las mujeres de sus puestos de trabajo.
Proteger el empleo de las víctimas
La legislación española contempla diversas medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género. Entre ellas se incluyen adaptaciones de la jornada laboral, cambios de centro de trabajo, reducción o reorganización del horario y la posibilidad de suspender temporalmente el contrato con reserva del puesto de trabajo.
Esta suspensión puede tener una duración inicial de hasta seis meses y ampliarse, con autorización judicial, hasta un máximo de 18 meses, en función de las necesidades de la víctima.
El acoso sexual o por razón de sexo, una violencia aún invisibilizada
El acoso sexual y por razón de sexo siguen siendo formas frecuentes y poco denunciadas de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Estas conductas reflejan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y están reconocidas legalmente como discriminación por razón de sexo.
Según una encuesta de la Unión Europea, entre el 74% y el 75% de las mujeres que ocupan puestos de alta responsabilidad han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida laboral. Igualmente, una de cada cinco lo había experimentado en el año previo a la encuesta.
Puedes acceder a la fuente original de la noticia en los siguientes enlaces:
Presentación de la Macroencuesta de violencia contra las mujeres 2024
Empleo y desempleo de las víctimas de violencia de género