¿Están preparadas las empresas para la obligación de transparencia salarial?
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El pasado 7 de junio de 2026 expiró oficialmente el plazo concedido por la Unión Europea para que los Estados miembros transpusieran la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva. A pesar de ser un compromiso anunciado por el Gobierno dentro de sus prioridades legislativas, España ha incumplido este hito, dejando la normativa en una fase de tramitación administrativa previa que aún no se ha traducido en un texto legal vigente en nuestro ordenamiento.
El impacto de la falta de normativa:
En los derechos de las mujeres
La ausencia de una ley nacional que concrete la directiva impide que las mujeres puedan ejercer herramientas clave para combatir la brecha de género. En el escenario actual de falta de transparencia, la discriminación salarial y los sesgos en los complementos retributivos pueden seguir pasando desapercibidos o resultan extremadamente difíciles de demostrar ante los tribunales. Sin la transposición completada, las trabajadoras españolas aún no cuentan con la protección legal para exigir información clara sobre los niveles salariales medios desglosados por sexo para trabajos de igual valor, una medida diseñada para aflorar desigualdades estructurales.
En los procesos de selección
Asimismo, el retraso afecta directamente a los procesos de selección. La directiva prohíbe que las empresas pregunten por el historial retributivo previo de las candidatas (una práctica que suele perpetuar salarios bajos a lo largo de la carrera de una mujer) y obliga a publicar la franja salarial en las ofertas de empleo. Al no haberse aprobado la norma española, estas garantías quedan suspendidas, limitando el poder de negociación de las mujeres desde el acceso mismo al puesto de trabajo.
En la vía jurídica
El incumplimiento del plazo no solo expone a España a posibles sanciones económicas millonarias por parte de la Comisión Europea, sino que genera una gran inseguridad en el tejido empresarial. Aunque las empresas no están obligadas formalmente hasta que exista ley nacional, los expertos advierten que los tribunales españoles ya pueden empezar a realizar una «interpretación conforme». Esto significa que, ante denuncias por discriminación, los jueces pueden acudir directamente a los mandatos de la directiva europea para resolver conflictos, especialmente en conceptos como el «trabajo de igual valor» o la inversión de la carga de la prueba, donde ahora debe ser la empresa la que demuestre que su política salarial es neutra y objetiva.
Necesidad de transparencia para conseguir la igualdad
La falta de transparencia es el principal refugio de la desigualdad. Sin una ley que obligue a publicar datos claros, los sesgos de género en complementos salariales y promociones siguen pasando desapercibidos. La persistencia de esta opacidad retributiva no solo afecta al ingreso mensual presente. La brecha salarial que la directiva busca erradicar se traduce, inevitablemente, en una brecha de pensiones en el futuro, que es la otra cara de la moneda de la desigualdad laboral.
Es necesario que el Gobierno español, con la participación de los agentes sociales, culmine de manera inmediata la transposición de esta directiva. Solo mediante una normativa clara y exigible se podrá garantizar la protección efectiva de los derechos laborales de las mujeres, eliminando el secreto salarial que protege la discriminación y avanzando hacia una igualdad retributiva real que no dependa de interpretaciones judiciales, sino de un mandato legal firme.
Puedes acceder a la fuente original de la noticia en los siguientes enlaces:
España incumple la Directiva Europea de Transparencia Salarial
Cómo afecta a los trabajadores el retraso de la transparencia salarial
España no se adapta a la directiva europea de transparencia salarial
El observatorio de Igualdad y Empleo es una acción de divulgación que forma parte del Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo + (2021ES05SFPR003) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.